Luis Ángel Márquez Flores
Editor JrLas personas que se aprovechen de su relación con adultos mayores para hacer uso indebido de sus pensiones podrán enfrentar penas de hasta ocho años de cárcel. La diputada del Partido Verde, Azucena Huerta Romero, presentó una iniciativa para proteger los derechos financieros de este sector.
En su proyecto, la legisladora propone modificar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de tipificar como delito la explotación financiera de las personas mayores de 65 años. Propone que este crimen se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia previa.
Modificaciones a la legislación
La propuesta plantea añadir un Capítulo III Quater al Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal. Este lleva por título "Explotación Financiera de Adultos Mayores" y contiene el artículo 390 Ter., el cual explica que comete este crimen cualquier persona que utilice su relación, ya sea de parentesco, tutela o de cualquier otra índole para disponer indebidamente de los "recursos económicos, bienes o pensión de una persona mayor de 65 años de edad" sin consentimiento libre e informado de la víctima.
El artículo también establece una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de doscientos a quinientos días para quien cometa este delito. En caso de que la víctima tenga alguna discapacidad o condición que le impida comprender la situación o resistirse a ella, la pena aumentará en 50%.
La iniciativa también obliga a las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, a notificar patrones sospechosos, sí como a simplificar trámites para el cobro de pensiones y de otros servicios financieros para este sector. Para ello se busca añadir el Capítulo IV al Título Cuarto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, denominado "De las Instituciones Financieras", así como un artículo 23 Bis.
De acuerdo con Huerta Romero, el robo de recursos a personas adultas mayores por parte de gente cercana es algo frecuente; sin embargo, debido a que se persigue por querella, no siempre se sanciona. Señaló que el miedo al abandono, la violencia física o la vergüenza impiden que la víctima denuncie.
Precisó que las víctimas más recurrentes de violencia patrimonial o económica son mujeres. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con frecuencia, ellas se encuentran expuestas a situaciones de dependencia económica y limitaciones para acceder a servicios, y menor reconocimiento de sus derechos, lo que aumenta el riesgo de ser violentadas.
Según la legisladora, su propuesta busca garantizar mecanismos más eficaces de atención y sanción ante este tipo de abusos. "Es urgente cerrar esta brecha legal y la persecución de oficio es una medida con perspectiva de género, diseñada para actuar en favor de las mujeres mayores que hoy no pueden denunciar".
Imagen de portada | Gobierno de México.
Ver 0 comentarios