Obed Nares
Editor JrMe apasionan las palabras, la creatividad, el entretenimiento, la tecnología y la innovación. Soy mexicano, periodista, escritor, artista y disque filósofo.
Menos del 2% de las líneas celulares en México han sido registradas a nombre de una persona física o moral, a casi dos semanas de haber iniciado el proceso obligatorio. De acuerdo con un reporte de El Economista, alrededor de tres millones de líneas ya fueron vinculadas a sus titulares, lo que representa apenas 1.9% de un universo estimado de 158 millones de líneas móviles en el país.
La cifra fue dada a conocer por Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que explicó que el avance es modesto, pero consistente con lo esperado para una primera etapa. Según El Economista, el funcionario señaló que se trata de una “curva ascendente”, en la que el registro se acelerará conforme más personas se informen y se acerque la fecha límite.
El padrón arrancó el 9 de enero y busca eliminar el anonimato en el uso del servicio
El 8 de diciembre de 2025, la CRT aprobó los nuevos lineamientos para la identificación de líneas móviles. A partir del 9 de enero de 2026, cada número debe quedar vinculado a una persona física o moral, con el objetivo de eliminar el anonimato que, de acuerdo con la autoridad, facilita la comisión de delitos.
Según El Economista, la mayor participación inicial se ha concentrado en zonas con alta densidad poblacional como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey e incluso Querétaro. Castañeda aseguró que la CRT mantiene comunicación diaria con los operadores para supervisar el avance del proceso y evitar mayores complicaciones.
Suspensión del servicio desde julio, pero sin perder número ni saldo
Uno de los puntos que más inquieta a los usuarios es qué ocurrirá si no completan el trámite. Ricardo Castañeda aclaró que quienes no registren su línea antes del 30 de junio enfrentarán una suspensión temporal del servicio a partir del 1 de julio.
Esto implica que no podrán realizar ni recibir llamadas, mensajes o usar datos móviles, aunque la línea seguirá activa para llamadas de emergencia, alertas tempranas y contacto con el operador. El número y el saldo no se pierden, y en el caso de planes pospago, el usuario deberá seguir pagando el contrato mientras completa la vinculación.
Datos personales bajo resguardo de los operadores, asegura la CRT
La CRT ha insistido en que la información recabada no será centralizada por el gobierno. Según El Economista, los datos de las líneas serán resguardados por los propios operadores telefónicos y el proceso deberá cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Para personas físicas, el registro exige una identificación oficial (credencial para votar o pasaporte) y la CURP. En el caso de personas morales, el requisito es el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Un ritmo insuficiente frente al tamaño del reto
Aunque el gobierno defiende que el avance va conforme a lo planeado, el contraste con la magnitud del padrón es evidente. Como anteriormente reportamos en Xataka México, para cumplir con el calendario establecido sería necesario registrar casi un millón de líneas diarias durante 172 días consecutivos, un ritmo que operadores y analistas consideran prácticamente inviable.
Desde los primeros días, el registro enfrentó fallas técnicas, intermitencias y caídas en plataformas de grandes operadores. Como también informamos antes, Telcel quedó en el centro de la polémica tras denuncias de una posible vulnerabilidad que habría expuesto datos personales, un episodio que golpeó la confianza de los usuarios en el proceso.
Costos, dudas y desconfianza marcan el arranque del registro
El problema no es solo técnico. La industria ha alertado sobre los costos elevados del padrón, la presión operativa y el riesgo de que, eventualmente, la inversión se traslade a los usuarios mediante planes más caros.
De acuerdo con El País, el registro también ha generado preocupación entre organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales, quienes cuestionan tanto la seguridad de las plataformas como la efectividad real del padrón para combatir delitos como la extorsión. A esto se suma el antecedente del Panaut, invalidado por la Suprema Corte en 2022.
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