CDMX ya convirtió el phishing en un delito y quienes roben datos podrían pasar hasta nueve años en la cárcel

Los fraudes digitales se han convertido en una de las amenazas más frecuentes para quienes realizan operaciones bancarias, compras o trámites por internet. Mensajes que aparentan provenir de un banco, sitios web idénticos a los oficiales o aplicaciones falsas forman parte de una estrategia cada vez más sofisticada para robar contraseñas, datos personales e información financiera.

Ante este problema, Ciudad de México decidió dar un paso que hasta ahora no existía en su legislación penal: tipificar el phishing como un delito autónomo. La reforma busca cerrar un vacío legal que obligaba a perseguir este tipo de conductas bajo figuras más generales, como el fraude, aunque se trataba de delitos cometidos mediante herramientas digitales.

Ciudad de México ya castiga el phishing como un delito específico

El Congreso de Ciudad de México aprobó la incorporación del artículo 231 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, reforma que fue promulgada por la Jefatura de Gobierno y publicada en la Gaceta Oficial de Ciudad de México. El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación.

La nueva disposición establece que será sancionada cualquier persona que, mediante engaño digital, utilice mensajes, páginas de internet, dominios, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima para inducir a otra persona a revelar datos personales, financieros o credenciales de autenticación con el objetivo de obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio.

Las penas previstas son de tres a seis años de prisión, además de multas de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Cuando la víctima sea una persona con discapacidad, adulta mayor o menor de edad, la sanción podrá aumentar hasta 50%, por lo que la pena máxima podría alcanzar los nueve años de cárcel.

El phishing evolucionó y la ley busca ponerse al día

El phishing es una modalidad de fraude digital en la que los delincuentes suplantan la identidad de bancos, empresas, dependencias gubernamentales u otras organizaciones de confianza mediante correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, aplicaciones o sitios web falsos. El objetivo es convencer a la víctima de compartir información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o códigos de autenticación, que posteriormente son utilizados para cometer fraudes o acceder a sus cuentas.

Aunque el phishing lleva años afectando a usuarios en México, hasta ahora las autoridades debían recurrir a otros delitos para perseguir estos casos. La incorporación del artículo 231 Bis reconoce que el engaño digital tiene características propias y contempla distintas formas de operación.

De acuerdo con el texto de la reforma, la norma no solo alcanza el phishing tradicional por correo electrónico. También abarca sitios web clonados, aplicaciones falsas, dominios fraudulentos y cualquier interfaz tecnológica diseñada para hacerse pasar por una institución legítima con el fin de obtener información sensible.

Esta redacción también permite incluir modalidades como el smishing, que utiliza mensajes SMS, y el vishing, basado en llamadas telefónicas para engañar a las víctimas, además de otras técnicas que puedan surgir conforme evolucionen los ataques informáticos.

Los fraudes por phishing siguen creciendo en México

La reforma llega en un momento en el que los fraudes digitales continúan creciendo. Según datos citados por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), alrededor de 13.5 millones de personas en México han sido víctimas de phishing. De ellas, 23.1% sufrió pérdidas económicas, mientras que otras perdieron contraseñas o información personal utilizada posteriormente para cometer otros delitos.

A ello se suman las alertas recientes de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que advirtió sobre campañas de phishing que utilizan ventanas emergentes para simular aplicaciones como WhatsApp y obtener los códigos de verificación de los usuarios. Una vez comprometida la cuenta, los delincuentes pueden acceder a conversaciones, contactos e incluso utilizar ese perfil para seguir propagando el fraude.

Especialistas también consideran que la tipificación representa un avance para atender los delitos tecnológicos, aunque señalan que todavía existen retos relacionados con la coordinación entre autoridades y la aplicación de la norma frente a nuevas formas de robo de información que continúan evolucionando.

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