La implementación de la jornada laboral de 40 horas en México no solo cambiará la cantidad máxima de horas que podrán trabajar millones de personas. También transformará la forma en que las empresas deberán acreditar el cumplimiento de la ley.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la reducción de la jornada de 48 a 40 horas será gradual hasta 2030 y beneficiará a más de 13 millones de trabajadores sin afectar salarios, prestaciones ni otros derechos laborales. Durante 2026 se desarrollará un periodo de transición para que las empresas adapten sus procesos y la primera reducción efectiva ocurrirá el 1 de enero de 2027, cuando el límite semanal pasará de 48 a 46 horas.
Pero la reforma incorpora otro cambio importante: la obligación de llevar un registro electrónico de la jornada laboral para verificar que realmente se respeten los nuevos límites de trabajo.
Las empresas deberán demostrar cuánto tiempo trabajas
Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el proyecto de reforma en diciembre de 2025, el Gobierno adelantó que uno de los pilares del nuevo modelo sería precisamente un sistema electrónico para registrar las horas ordinarias y extraordinarias trabajadas.
En ese momento se explicó que este registro será emitido y regulado por la STPS y permitirá fortalecer las inspecciones laborales para comprobar el cumplimiento de la jornada máxima, además de verificar el pago correcto de las horas extra. La intención es evitar simulaciones y garantizar que las nuevas reglas no queden únicamente en el papel.
La propia guía de preguntas frecuentes publicada por la STPS señala que el Gobierno reforzará la inspección federal mediante esta nueva obligación patronal. El registro electrónico permitirá verificar el cumplimiento de la jornada laboral y la dependencia emitirá posteriormente las disposiciones que regularán su funcionamiento.
Como anteriormente reportamos en Xataka México, la reforma también establece que este registro podrá utilizarse como medio de prueba en conflictos laborales, lo que le dará un peso jurídico importante tanto para trabajadores como para empleadores.
Multas de hasta casi 590,000 pesos
El cumplimiento del registro electrónico no será opcional. De acuerdo con el dictamen de la reforma secundaria, las empresas que no implementen correctamente este mecanismo podrán enfrentar multas que van desde 29,327 hasta 586,550 pesos, equivalentes a entre 250 y 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El objetivo no será únicamente instalar un "reloj checador", sino generar evidencia confiable sobre el inicio y término de la jornada laboral, además del tiempo extraordinario trabajado. Esa información también podrá ser revisada durante inspecciones de la autoridad.
En ese contexto, especialistas consultados por Publimetro advierten que las áreas de Recursos Humanos ya no solo deberán definir horarios, sino conservar evidencia verificable de entradas, salidas, descansos y horas extras para acreditar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, particularmente de los artículos 58 al 68 y del artículo 804, que obliga a conservar la documentación relacionada con la relación laboral.
La STPS promete una implementación gradual
Sin embargo, la autoridad laboral ya adelantó que el registro electrónico tampoco llegará de golpe. Según explicó Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, en entrevista con El Economista, los lineamientos se implementarán de manera gradual durante los próximos cuatro años, priorizando inicialmente a las grandes y medianas empresas. Además, la dependencia analiza posibles excepciones para determinados centros de trabajo.
El funcionario también aclaró que la STPS no impondrá un sistema tecnológico específico. Cada empresa podrá elegir el software, equipo o plataforma que considere más conveniente, siempre que permita registrar correctamente la jornada y esté disponible para inspecciones.
Incluso, la intención es que gran parte de las verificaciones puedan realizarse de forma remota mediante cruces entre los registros electrónicos y la información de nómina, reduciendo inspecciones presenciales y facilitando la detección de posibles incumplimientos. Mientras tanto, durante el periodo de transición, el enfoque será que las empresas adapten sus procesos antes de iniciar plenamente las revisiones por parte de la autoridad.
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